Resumen
La ayuda internacional para países en conflicto está basada en el supuesto liberal de que existe una relación inversa entre conflicto violento y desarrollo. Este artículo refuta este supuesto por medio de un estudio del contexto colombiano que demuestra que, de hecho, el conflicto violento y el desarrollo pueden estar interconectados como parte de la transición a formas de producción capitalistas y el proceso de formación del Estado. También argumenta que la falta de comprensión de la compleja relación entre conflicto y desarrollo por parte de las agencias de ayuda puede generar consecuencias
Introducción
A menudo se piensa que las cosas buenas siempre van juntas. Esto es particularmente evidente en la actual política de ayuda internacional para países afectados por conflictos violentos, la cual considera que la paz, el desarrollo y el buen gobierno se refuerzan mutuamente y están dialécticamente opuestos al conflicto violento, el subdesarrollo y las formas autoritarias de gobierno que son producto de la irracionalidad y la barbarie. Por esto se piensa que para superar estos problemas es necesaria la promoción del crecimiento económico a través de la liberalización de la economía y mejores formas de gobierno. Este discurso, característico de las agencias de ayuda internacional, sostiene que los conflictos violentos son causa directa del subdesarrollo económico y por lo tanto su solución depende de la promoción de mas desarrollo en estos países (World Bank 2003a).
Sin embargo los conflictos violentos son un fenómeno complejo que requieren análisis y reflexiones complejas. En emergencias sociales y humanitarias relacionadas con conflictos de larga duración, como en el caso de Colombia, donde la violencia se caracteriza por su múltiples manifestaciones a lo largo del tiempo y del territorio nacional, los análisis basados en categorizaciones de “bueno-malo, legal-ilegal, “estado fuerte- estado débil” llegan a su frontera y se tornan cada vez más difícil de ser aplicados. Duffield sugiere ver estos conflictos como un “sistema vivo o un organismo”, caracterizado por la interconexión, la mutación y la auto-transformación. Esto permite trascender los modelos de pensamiento convencionales y develar la falsedad de la dicotomía entre conflicto violento y desarrollo.
Desde nuestro punto de vista, en Colombia, la violencia y el desarrollo económico no se encuentran en extremos opuestos, sino que están interconectados por las contradicciones que emergen de la transición hacia el capitalismo y el proceso de formación del Estado. El nexo entre conflicto-desarrollo tiene importantes implicaciones en las intervenciones de ayuda pues contrario a su propósito, pueden terminar perpetuando la inseguridad civil que intentan aliviar.
Nexo entre “conflicto y desarrollo”: ¿Un camino violento hacia la paz?
La transformación de formas pre-capitalistas[1] de organización social hacia formas de desarrollo capitalista y prosperidad económica, en el que los bienes y los servicios son producidos en el mercado de intercambio con el objetivo de producir beneficios económicos y acumulación de capital , es entendida frecuentemente como un proceso evolutivo lineal que se acelera cuando es acompañado por una combinación de políticas de tipo técnico que consisten en desregular y liberalizar los mercados y aplicar formas
de gobierno democráticas. Desde este enfoque, el desarrollo capitalista produce el mejoramiento de los niveles de prosperidad económica y conduce a un escenario en el que las relaciones sociales se resuelven pacíficamente. El conflicto violento es entonces el resultado de la falta de desarrollo económico y es visto como un “desarrollo en reversa” en el camino hacia el estado de progreso social, político y económico.
Este es el enfoque adoptado por las políticas del Banco Mundial, para el cual la guerra genera retardo del desarrollo y al contrario, el desarrollo retarda la Guerra. Según el BM, durante los conflictos, importantes recursos que pudieran usarse para la producción se desvían hacia propósitos destructivos (World Bank 2003a; l). Por ello es necesaria la intervención en forma de “ayuda internacional” para solucionar esta carencia de modernidad[1], promoviendo el crecimiento económico.
Esta interpretación de la guerra criminaliza los conflictos contemporáneos, y los reduce a la acción de líderes ambiciosos que obtienen grandes beneficios económicos como producto de perpetuar el conflicto (Collier). Desde este punto de vista, el conflicto es una aberración, que una vez controlada o reprimida, permite retomar el normal camino hacia el desarrollo. Esta es la racionalidad en la base de la mayoría de ayudas al desarrollo en Colombia, y por lo tanto; desde este punto de vista lo que debe hacer Colombia es aplicar justicia a los crímenes violentos, alcanzar mejores niveles de crecimiento económico, aplicar reformas a favor de los más vulnerables y reducir la inequidad para alcanzar de nuevo la senda hacia el desarrollo. Sin embargo, tal concepción oculta la compleja interrelación entre procesos de conflicto y desarrollo.
La violencia tiene muchas causas, funciones, significados y consecuencias. En vez de asociarse al atraso, la irracionalidad o la criminalidad que bloquean la posibilidad de desarrollo, esta puede encontrarse en el centro de procesos de transición hacia el desarrollo. Como lo señala Duffield, las complejas crisis políticas no deben ser entendidas como un resquebrajamiento de la sociedad, sino como formas políticas emergentes que son parte de un proceso de transformación que a menudo crean nuevas redes de representación social y regulación (Duffield 2003; 14).
De hecho, la formación del Estado y la transición hacia el capitalismo en Europa no estuvo acompañada por relaciones comerciales pacíficas, sino por la conquista, la esclavización de poblaciones, el robo y el asesinato (Jung 2003; 185), un proceso que Karl Marx llamó “acumulación primitiva del capital. Este es el proceso que propició el desarrollo inicial del capitalismo y que conllevó al surgimiento de la producción capitalista y la clase trabajadora”. La economía capitalista y su forma de organización social fue el resultado de procesos violentos en los que los excedentes económicos fueron apropiados mediante el uso de la coerción por parte de “señores de la guerra”.
Estos medios coercitivos de acumulación conducen potencialmente a una transición hacia el capitalismo, generando recursos que promueven la industrialización, la reinversión de capital y la creación de fuentes alternativas de sostenimiento de la población que no se basan en las labores del campo, sino en el trabajo asalariado. Los trabajadores asalariados comienzan a depender de un mercado en el que se venden bienes y servicios básicos producidos por los capitalistas (Cramer 2006:208). Como lo
señala Harvey, la lógica detrás del proceso de acumulación primitiva de capital es una “ACUMULACIÓN MEDIANTE LA DESPOSESIÓN”. Esto conlleva a la privatización de la tierra, la conversión de formas colectivas de propiedad en formas privadas y excluyentes de propiedad, el surgimiento del trabajo asalariado, la monetización del intercambio y la creación de impuestos, entre otros fenómenos (Harvey 2003: 145). Estos procesos están basados a menudo en la depredación, la violencia y el fraude, sin embargo, no necesariamente crean resultados uniformes y progresivos como los que se produjeron en Europa.
De acuerdo a Schlichte, en su estudio sobre los efectos de las guerras contemporáneas en la formación de los estados, las estrategias de apropiación de los excedentes económicos y de acumulación capitalista empleadas por “señores de la guerra” y empresarios mafiosos en Somalia, los Balcanes y el Líbano, crean formas de competencia territorial que difícilmente pueden identificarse como una “forma coherente de autoridad” (Estado) (2003: 40). La aparición de estructuras políticas y económicas similares a las de los países capitalistas avanzados o desarrollados, dependerá de la existencia de instituciones que logren superar la violencia y el conflicto mediante la creación de nuevos mecanismos de autoridad y regulación capaces de resolver los antagonismos y las disputas entre las clases sociales o ser capaces de alcanzar el monopolio de la fuerza (Cramer 2006: 215-216).
Por lo tanto, el concepto de “acumulación primitiva” es útil para entender algunos de los conflictos violentos en Colombia, particularmente aquellos conflictos relacionados con los propietarios de tierras y el acceso y uso de la misma; con la creación de trabajadores asalariados y la apropiación de valores comerciales. La siguiente parte señala cómo la violencia a menudo juega un rol fundamental en la formación de algunas formas capitalistas de producción y en el proceso de construcción del Estado.
Transición social y conflicto violento en Colombia
Desde la independencia, Colombia heredó dos modos de producción contradictorios: Uno fue el “sistema de hacienda,” consistente en amplias concentraciones de tierra (latifundios) que requerían grandes fuentes de trabajadores del campo poco costosos; el otro era el tradicional sistema de economía de subsistencia propio de los campesinos o pequeños propietarios de tierra (Minifundios). El primer sistema comenzó a predominar sobre el segundo, a menudo a través del uso de la violencia, mediante la cual la élite de los grandes propietarios latifundistas buscaban concentrar aún mayores proporciones de tierra con el fin de asegurarse un número suficiente de campesinos sin tierra para ser enganchados al proceso de producción de la hacienda (Richani 2002: 12-15).
Esta transición en las áreas rurales condujo a una reorganización social en la que un creciente número de campesinos desplazados de sus tierras fueron convertidos en trabajadores asalariados o debieron trabajar como arrendatarios en los latifundios. Otros decidieron evadir los latifundios y migrar hacia las zonas periféricas (la mayoría zonas montañosas) en donde instalaron sus propios cultivos y se transformaron en colonos que expandieron la frontera agrícola colombiana (LeGrand 1992).
Las élites de grandes propietarios latifundistas buscaron beneficiarse de esta expansión agrícola producida por la colonización apropiándose de estas tierras mediante procesos “legales” de expropiación con el respaldo del Estado o forzando a los colonos a abandonarla con métodos coercitivos. Estas acciones generaron el despojo de campesinos que no tuvieron opciones distintas a convertirse en asalariados, compartir los frutos de sus pequeñas tierras con los grandes propietarios terratenientes, o migrar hacia los crecientes centros urbanos en sonde se requería más asalariados (Fajardo 2006: 106). Este proceso de acumulación de capital mediante el desplazamiento de población campesina posibilitó los medios por los cuales el modo de producción capitalista comenzó a tomar forma. Una proporción importante de población fue despojada de sus medios de producción, fue convertida en población asalariada y comenzó a depender de los mercados capitalistas para proveerse sus medios de subsistencia.
Durante el periodo conocido como “La Violencia” (1945-1958), la confrontación entre el partido conservador y el partido liberal se generó mayor desplazamiento de población con la consecuente acumulación de tierras colonizadas por campesinos y la creación de más asalariados para sostener importantes sectores de la economía como el café, el algodón, el arroz y el banano (Sánchez 1991).
Estos sectores generaron una incipiente industrialización que condujo a niveles sostenidos de crecimiento económico. Estas dinámicas de cambio fueron diferentes en cada región del país, en algunas zonas como el Quindío creció la industria del café, en otras como el Valle del Cauca se desarrollo la agroindustria de la caña de azúcar y en otras zonas se amplió la concentración de tierras dedicadas a actividades poco productivas como la ganadería (Sánchez 1991). La violencia que acompaño estos procesos de cambio fue en parte el resultado de la inexistencia de instituciones estatales capaces de encontrar canales pacíficos para solucionar los conflictos (Richani 2002).
El Estado colombiano ha sido tradicionalmente incapaz de centralizar el poder y como resultado muchas regiones del país han pasado a ser controladas por las élites regionales que controlan a la población con redes clientelistas a través de las cuales preservan sus privilegios y su autonomía frente al Estado central. Este regionalismo ha sido uno de los factores que ha impedido la posibilidad de resolver los conflictos agrarios pacíficamente mediante la aplicación de reformas desde el Estado central (Gutiérrez, Viatela y Acevedo 2007: 17).
La administración del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) impulso la ley 200 de 1936 (Ley de Reforma Agraria) mediante la cual se pretendía modernizar y reformar el sector agrario y responder a las crecientes protestas de los campesinos. La ley ordenaba la redistribución de “tierras no productivas” que se encontraban en poder de los latifundistas y la compensación a los colonos por las mejoras introducidas en las tierras de las que eran expulsados. Sin embargo, esta reforma se encontró con la férrea oposición de las élites políticas y económicas regionales, quienes usaron su poder para contrarrestar los efectos de la ley y concentrar aún mayores proporciones de la tierra cultivable. Grandes áreas de tierra propicias para la agricultura fueron convertidas en pastizales para ganados y así evitar entregar la tierra a los campesinos que clamaban por ella para ponerla a producir. El resultado fue el fracaso de la reforma agraria para solucionar los conflictos entre latifundistas y campesinos (Richani 2002: 19-20).
Posteriores intentos de reforma agraria también fallaron en resolver estos conflictos; la ley 135 de 1961 es otro de estos casos. Fue diseñada para ayudar a los minifundistas a incrementar la productividad de sus pequeñas parcelas después del periodo de “La Violencia” para lo cual se creó el INCORA (Instituto colombiano de Reforma Agraria). Sin embargo, en Incora fracasó en alcanzar sus objetivos pues solo pudo redistribuir el 1% de las tierras que debían pasar a propiedad de los pequeños campesinos.
Al mismo tiempo, la ley 1ª de 1968 ayudó a convertir los latifundios, a través de la expulsión de campesinos arrendatarios, en grandes negocios agrícolas, orientados a producir alimentos para satisfacer las necesidades de la creciente población urbana y generando excedentes para la expansión industrial (Pearce 1990:92).
El fracaso de la reforma agraria condujo a los campesinos a buscar nuevas tierras de cultivo en zonas alejadas de la presencia del Estado y de los grandes terratenientes. A partir del Frente Nacional (1956-1974) esta nueva dinámica creó los espacios para el surgimiento de nuevos actores violentos. Estos tomaron la forma de grupos guerrilleros que se convirtieron en el medio a través del cual los campesinos y otros grupos sociales (intelectuales urbanos, estudiantes y clase trabajadora) lograron influenciar la forma de la acumulación y la distribución de la riqueza.
Los grupos guerrilleros insurgentes más sobresalientes son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), (quienes estuvieron vinculados inicialmente al partido Comunista y con fuertes aspiraciones de alcanzar una reforma agraria) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), compuesto por intelectuales urbanos y estudiantes que se oponían a las condiciones de los trabajadores asalariados y fuertemente influenciados por la Revolución Cubana.
El incremento de la Guerra y la capacidad de formación estatal de la insurgencia armada agravaron la “crisis del Estado hegemónico” en Colombia, lo cual condujo a un cambio sustancial de las dinámicas del conflicto. En primer lugar, la incapacidad del Estado para asegurar los intereses de las poderosas élites de propietarios frente a la amenaza de las guerrillas los llevó a crear instituciones alternativas capaces de hacerlo, tales como grupos de autodefensa y paramilitares (Gutiérrez & Barón 2006). En segundo lugar, la ausencia del Estado en muchas áreas del país, particularmente en las zonas de colonización campesina, fue un factor importante en la consolidación de la industria d drogas ilegales en Colombia. De esta industria surgió una nueva clase de traficantes de droga quienes también buscaron proteger su modo de acumulación de la creciente influencia de la guerrilla. Estos usaron su capital ilegal en asocio con otras élites para sostener la organización y profesionalización de grupos de autodefensa y de paramilitares; sin embargo, también entraron en confrontación directa con el Estado para defender sus propios negocios ilegales (Restrepo 2006).
En estas nuevas dinámicas de conflicto también se pueden identificar procesos de acumulación primitiva de capital. La reorganización social durante este periodo creó autoridades paralelas al Estado central (Para-estados: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes) e instituciones que hicieron uso de la violencia para mantener sus medios de formación, acumulación, redistribución e inversión de capital.
Estos marcos de violencia no crean simplemente desarrollo en reversa, sino que distorsionan y redefinen el proceso de desarrollo, particularmente en sectores como la “industria extractiva” (Minería) y la agricultura de exportación. Como Richiani ha señalado, los cambios en las dinámicas del conflicto representan diferencias irreconciliables entre varias formas de producción y de acumulación: un sector rentista basado en modos de producción capitalista, desafiado por grandes ganaderos, especuladores de tierras (incluyendo narcotraficantes), plantaciones comerciales de coca, compañías mineras y petroleras y finalmente una economía campesina de subsistencia apoyada por las guerrillas (2002:113).
Durante la última mitad del siglo XX, algunos de los grupos guerrilleros, en especial las FARC operaron a menudo en interés de ciertos segmentos del campesinado (especialmente cultivadores de coca), protegiendo sus intereses contra los de los terratenientes, ganaderos y la nueva clase emergente de narcotraficantes (Richani 2002: 109- 113). Estos consolidaron su presencia a lo largo de grandes áreas del país debido a la débil presencia del Estado, particularmente en áreas de colonización campesina y fueron capaces de asegurarse fuentes constantes de ingresos mediante la extorción de ricos propietarios, lo cual también incluyó el secuestro. Las guerrillas se han convertido de hecho en la autoridad “de facto” en algunas áreas en términos del monopolio de la violencia, y la habilidad para controlar a la población y obtener recursos mediante el recaudo de impuestos).
Como se señaló anteriormente, en respuesta a la incapacidad del Estado para hacer frente a la guerra de guerrillas y su “capacidad de estatalización”, los terratenientes, particularmente los ganaderos y los traficantes de drogas respondieron a la extorsión guerrillera formando grupos de autodefensa. Estos grupos, inicialmente legalizados por el gobierno y apoyados por las Fuerzas Armadas colombianas, intentaron contrarrestar la influencia de la guerrilla, y defender los intereses económicos de sus patronos, a menudo, atacando a la población local y a miembros de los gobiernos locales sospechosos de auxiliar a las guerrillas (Gutiérrez & Barón 2006). Estos grupos paramilitares aumentaron su influencia en el país a medida que los narcotraficantes aumentaron su apoyo, promoviendo su organización, su profesionalización proveyendo entrenamiento y mejor armamento.
El crecimiento de los paramilitares cambió profundamente su naturaleza y pasaron de defender ciertos intereses económicos de ganaderos y narcos a adquirir sus propios intereses económicos basados en el rentismo de modos capitalistas de producción. Los paramilitares buscaron activamente expandir su control territorial como medio de acumulación de capital y poder político expulsando a la población campesina (Cubides 2001: 132). Esto exacerbó los conflictos agrarios pues invirtieron el dinero de la droga en negocios agrícolas. Se estima que desde principios de los años 80 hasta el 2000, los paramilitares adquirieron 4.5 millones de hectáreas de tierra, que representan alrededor del 50% de las tierras más fértiles y valiosas del país. Este proceso es considerado como una “contra reforma agraria”, reversando los escasos logros de las reformas agraria anteriores y agravando el problema de la cuestión agraria. Existe una relación directa entre las zonas de mayor concentración de tierras por parte de grupos paramilitares y el desplazamiento forzado de campesinos que actualmente son más de tres millones (Ibáñez 2004).
Estos eventos, asociados con el proceso de liberalización económica desde principios de los años 90 han producido profundos cambios en el sector rural. La concentración de tierras a conducido a la reducción en la productividad debido a que bastas cantidades de tierra cultivable fueron convertidas en pastizales para ganado y ha producido un incremento de la insostenibilidad de las pequeñas propiedades campesinas, especialmente en aéreas de colonización (fajardo de 2002). La liberalización de la economía de otro lado ha reducido la competitividad en el sector debido a que la economía ha sido sujeta del influjo de alimentos importados. Esto limita los medios de subsistencia de los campesinos forjando su migración para buscar otras formas de ganarse la vida, encontrándose en las mismas circunstancias de aquellos que habían sido desplazados violentamente; para encontrar trabajo en sectores como la explotación comercial, trabajo no calificado en centros urbanos y en la construcción de infraestructura, apoyando consecuentemente diferentes procesos de desarrollo en el país(fajardo 2006:114)esta tendencia a conducido a incrementar las inequidades con muchos de los desplazados viviendo en pobres condiciones en asentamientos suburbanos, y a incrementar la inseguridad alimentaria debido a la disminución de la productividad. Además muchos de los desplazados son forzados a expandir la frontera agrícola en lugares donde son enganchados en la producción de cultivos ilícitos debido a la carencia de otras oportunidades de sustento (fajardo 2006:118).
La reducción de la productividad derivada del incremento de la concentración de la tierra y de la liberalización de la economía ha conducido también a cambios en los tipos de cultivos. Se ha pasado de cultivos temporales, comunes en economías campesinas de pequeña escala a cultivos permanentes que son destinados para la exportación hacia mercados internacionales. En 1990, los cultivos temporales cubrían 2.5 millones de hectáreas de tierra cultivable mientas que lo cultivos permanentes cubrían 1.2 millones de hectáreas. para 1997 los cultivos temporales decrecieron a 1,6 millones de hectáreas y los cultivos permanentes incrementaron a 1.4 millones de hectáreas cultivadas(fajardo 2006:123). Esto indica una agresiva expansión de cultivos agroindustriales como la palma africana, banano y caña de azúcar. Además estas industrias ha sido fuertemente influenciadas por modos capitalistas de producción basados en el rentísmo y usando violencia contra trabajadores y sindicatos para asegurara condiciones competitivas en el mercado laboral (Amnistía Internacional 2007). De hecho, los campesinos se convierten en arrendatarios o jornaleros sin los beneficios de un contrato laboral. (Fajardo 2006:130) el desplazamiento forzado de los campesinos puede algunas veces servir como una fuente barata de trabajadores que permita a ciertas industrias, particularmente agro exportadoras competir en mercados internacionales con disminuidos precios de producción. Como fajardo señala, hay un ciclo de expropiación de la tierra, desplazamiento forzado de campesinos, su proletarización y la implantación de agro industrias que determinan el modelo de desarrollo rural en Colombia (fajardo 2006:133), la expansión de la palma africana en la comunidades de Jiguamiando y Curbarado en el departamento del choco provee un ejemplo ilustrativo de este proceso. A habido una rápida expansión de los cultivos desde mediados de los años 90 que ha coincidido con la influencia paramilitar en la región.
Los paramilitares forjaron alianzas con inversionistas privados para invertir en los cultivos por los cuales ellos reciben subsidios del estado como parte de su agenda de desarrollo rural. Como Salvatore Mancuso (líder paramilitar) ha admitido abiertamente, “…tenemos cultivos de palma africana. Yo personalmente ofrezco a los empresarios invertir en estos proyectos que son sostenibles y a la vez productivos” (citado en Palau2007:5). Un estudio del Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento interno ha señalado como las comunidades afro colombianas han sido obligadas a vender sus tierras de cultivos comunales o a abandonarlas. Además, debido a la precaria situación de los desplazados muchos han tenido que retornar y trabajar como aparceros o jornaleros en las plantaciones (Palau 2007:21).
En vez de representar irracionalidad, resquebrajamiento y colapso social y estatal, la violencia y el conflicto relacionado juegan un rol importante en la formación de las relaciones y estructuras económicas que pueden incrustarse en el proceso de desarrollo. Esto no quiere decir que todo el proceso de desarrollo está basado en la violencia o que el desplazamiento forzado es un método utilizado para conseguir trabajadores asalariados sin indicar que el conflicto violento puede formar parte del proceso de desarrollo, en este caso facilitando la rápida expansión de ciertos cultivos agrícolas como la palma africana, que se encuentran en línea con las políticas gubernamentales de promoción de cultivos comerciales para la exportación, con planes de expandir las aéreas cultivadas a 600.000 hectáreas para el año 2007(Palau 2007:9).
Otro ejemplo que enfatiza la naturaleza simbiótica entre el conflicto y el desarrollo se relaciona con la industria extractiva. La agenda de desarrollo del gobierno nacional proyecta incrementar la extracción de recursos naturales como el petróleo, carbón y oro para generar recursos o para promover el desarrollo nacional (departamento Nacional de Planeación 2006) sin embargo tanto las guerrillas y los paramilitares también extraen recursos de las compañías para financiarla guerra (Guáqueta 2003). Entonces, los excedentes económicos ganados por estas actividades sirven tanto para financiar la violencia y para incrementar los recursos del estado con elobjeto de promover el desarrollo. Es más, la extracción de estos recursos ha estado en el centro de los contradictorios modos de producción buscados por guerrillas y paramilitares. Por ejemplo, los paramilitares han generado la expulsión de campesinos de sus tierras con el fin de ceder estos territorios a compañías petroleras (Richani 2005:117). De otro lado las guerrillas han promovido la invasión de zonas de explotación carbonífera por parte de organizaciones campesinas que han establecido allí cooperativas de producción (Rangel 2000: 590). El anterior análisis intenta señalar algunas de las interconexiones entere el conflicto violento y la transición al desarrollo capitalista y el proceso de formación del Estado. Los resultados de estos procesos son muy diversos y mientras importantes sectores productivos se han desarrollado, el país aún se caracteriza por el desplazamiento masivo, altos niveles de pobreza, inequidad y un estado que falla en monopolizar el uso legitimo de la violencia y la extracción de ingresos. Como Gutiérrez, Viatela y Acevedo concluyen en su estudio sobre la construcción del estado en Colombia, parece existir una genuina coexistencia entre el conflicto violento y el desarrollo en Colombia en la que el orden formal y el desorden informal se encuentran asociados orgánicamente (2007:4)
Conclusiones
Este articulo ha cuestionado la interpretación convencional del nexo entre conflicto-desarrollo planteada por las actuales políticas de ayuda internacional, en la que el conflicto violento se encuentra dialécticamente opuesto al desarrollo y representa una forma de “desarrollo en reversa”. Este análisis subestima el proceso conflictivo que caracteriza la transición hacia modelos capitalistas de producción y formación del Estado.
Esto ha sido particularmente evidente en Colombia en donde las fallas institucionales para lograr una negociación pacífica de los diferentes intereses alrededor de la naturaleza de esa transición ha conducido a la aparición de instituciones violentas paralelas al Estado, que buscan influenciar sobre las formas de acumulación del capital y su distribución. Estos procesos violentos de acumulación primitiva han producido diversos resultados; algunos han sido progresivos en la medida en que han impulsado el desarrollo de importantes sectores de la economía como el café, mientras otros han sido regresivos puesto que las relaciones en el área rural han estado marcadas por la concentración de la propiedad de la tierra, desplazamiento violento de las comunidades campesinas e indígenas, decrecimiento de la productividad y la aparición de estructuras locales y regionales creadas para el enriquecimiento de las elites.
Además, el articulo ha mostrado que la interpretación convencional del nexo entre conflicto-desarrollo a menudo presume que después de un proceso de paz y desmovilización armada de los excombatientes se crea una tabula rasa que posibilita la ejecución de proyectos liberales de desarrollo que promueven el desarrollo y la paz. Sin embargo, en realidad los periodos de transición a la paz o de “post conflicto” raramente constituyen un tablero en blanco y al contrario, se caracterizan por la presencia de estructuras y procesos que se han formado durante el periodo de conflicto violento. Debido a esta falla en la comprensión de la compleja naturaleza de estas estructuras y procesos los proyectos de ayuda internacional orientados a la construcción de la paz y el desarrollo fracasan en alcanzar sus objetivos y en algunos casos pueden se ven distorsionado y terminan agravando los resultados y estructuras regresivas del conflicto. Este ha sido el caso de algunos proyectos de construcción de paz y desarrollo en Colombia, particularmente aquellos que han buscado el modelo agro-exportador del gobierno colombiano con la plantación de cultivos como la Palma Africana.
Las agencias de ayuda internacional deben entender la complejidad alrededor de los modos de acumulación y formación del Estado con e objeto de formular adecuadamente políticas que promuevan genuinamente la construcción del paz y el desarrollo basadas en justicia, equidad y reconciliación. La naturaleza específica del ambiente de post-conflicto debe ser la base de formulación de esas políticas para asegurarse que estas sean un soporte para los elementos progresivos de cambio que pueden resultar del conflicto. Esto requerirá intervenciones precisas a cada contexto, en vez de aquellas basadas en políticas convencionales que presumen que la transición hacia el desarrollo es un ejercicio técnico de cambio en vez de una reorganización política de la sociedad. Las cosas buenas no necesariamente van siempre juntas y por ello, el desafío para las agencias de de ayuda internacional es encontrar las formas de intervención que separen los elementos progresivos de cambio, de aquellos que son regresivos y retrasan el proceso de desarrollo.
